Fundación Plurales participó de la reunión extraordinaria organizada por la CEPAL, y post encuentro, desarrollamos tres puntos claves que debemos analizar.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, es el primer tratado internacional ambiental de la región que aborda obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras del medioambiente, por lo que puede permitir la prevención de los conflictos ambientales asociados a la alta tasa de ataques que padecen las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en América Latina y el Caribe (ALC).

El acuerdo fue firmado por 24 países y lo ratificaron 15, y entendemos por las declaraciones de la actual ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, que serán los próximos en ratificar.

En ese contexto, entre el 19 y el 21 de abril se realizó la COP 2 de Escazú en Buenos Aires. Esta reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes del Acuerdo, fue acordada en el 2022 por los estados firmantes con la intención de avanzar rápidamente en tres puntos clave del acuerdo: (I) la definición de los miembros Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento; (II) el mecanismo de financiamiento para poder aplicar el acuerdo a nivel regional; y (III) cómo incluir en los planes nacionales a los y las defensoras ambientales como actores clave del acuerdo.

El encuentro reunió a representantes de los 15 países que ratificaron el Acuerdo, delegados de 8 países en carácter de observadores, representantes de Naciones Unidas, organizaciones sociales y grupos de defensores ambientales.

Declaración de Buenos Aires

Durante la conferencia, se aprobó una declaración política que pone foco en el papel del comité y la necesidad de poner en marcha el mecanismo de financiación.

Si bien carece de contenido técnico/político, se reconoce el gran desafío que supone la integración y puesta en funcionamiento del Comité, mediante modalidades de trabajo creativas y equilibradas que le permitan cumplir los fines que el Acuerdo le atribuye y con la significativa participación del público y de las Partes, según corresponda, con base en un proceso de diálogo abierto, transparente y constructivo, de acuerdo con las reglas de composición y funcionamiento de dicho Comité. También se reitera la necesidad de obtener apoyo adecuado para la implementación del Acuerdo.

¿Qué nos dejó la COP2 de Escazú?

I- Se eligieron a las y los 7 integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Este órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación.

Es un órgano de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Se rige por sus reglas de composición y funcionamiento, adoptadas en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

Resultaron elegidos para su primera conformación: Guillermo Eduardo Acuña (Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).

II- Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Este es, sin dudas, el punto más flojo y cuestionado desde las organizaciones de la sociedad civil, y principalmente, desde las y los defensores ambientales. Durante la conferencia de partes, se registraron numerosos reclamos por la poca oportunidad real de participación y las trabas burocráticas establecidas para poder acreditar como público a la COP2, así como sucedió en Ecuador. Estos pedidos no solo fueron realizados ante los entes anfitriones, sino también ante CEPAL. Si bien el artículo 9 de Escazú es uno de los temas centrales a tratar por la ciudadanía, se evidenció poco espacio para la participación de personas defensoras.

Los side event fueron totalmente virtuales, por lo que funcionaron de forma totalmente “paralela” a la conferencia. En el recinto oficial, en el marco de los “eventos asociados” solo existió un evento que indagó específicamente en la situación de los y las defensoras en América Latina y Caribe, impulsado por Fundación Plurales, Plataforma de defensores y Defensoras Ambientales y la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina.

El viernes 21, se presentaron los resultados del Primer Foro Anual de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, y se anunció que Panamá será la sede del segundo foro, que se desarrollará en septiembre de 2023.

Sin embargo, los avances para llegar al plan de acción de protección de personas defensoras ambientales sigue siendo lejano para los y las defensoras. Quienes vienen sufriendo criminalización, hostigamiento, violencia y persecución desde hace décadas y que se incrementa en toda la región con el avance indiscutible de las industrias extractivas como solución al déficit de las balanzas comerciales.

III– Avances para la implementación del mecanismo. Argentina, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay presentaron acciones para diseñar sus planes nacionales de implementación del Acuerdo. Además, se puso en marcha un Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México (150.000 dólares) y el anuncio de un aporte por parte de Chile, que se suman al realizado por la Argentina con el desarrollo de esta COP2.

Si bien son pasos pequeños, desde la sociedad civil, esperamos que sean la punta de lanza que anime al resto de los Estados a motorizar recursos y acciones específicas para aplicar este tratado único en su tipo.

*Por Nicolás Avellaneda
Facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina
Director de programas en Fundación Plurales