Mujeres de América Latina, África y Asia integrantes de organizaciones de base, participaron de un encuentro para trabajar en acciones concretas que permitan avanzar en la justicia de género y sus derechos a la tierra.
“Esta experiencia me permitió tener un diálogo desde nuestra región chaqueña con otras regiones de Latinoamérica y el Caribe, así como África y Asia. Encontramos similitudes en las largas jornadas de trabajo predial y de tareas de cuidado de las Mujeres Rurales, así como la necesidad de ampliar el acceso a derechos de las mujeres, especialmente a una vida sin violencias”.
Vinculado a la igualdad de género y los derechos a la tierra y el territorio, Lucrecia explica que “para una vida más digna y relaciones más sanas necesitamos comprometer en la familia, comunidad y sociedad a los hombres de nuestro entorno en una conciencia gradual y progresiva de que somos iguales en derechos. Es necesario y urgente trabajar con los hombres la garantía de los derechos de las mujeres”. En el caso del acceso a la tierra, “está íntimamente relacionado no solo con la titulación, sino con establecer garantías de poder vivir dignamente. Decidir qué y cómo se produce y quién se beneficia”, detalla.
Según el informe La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “en la mitad de los países que han informado (…) apenas hay protección legal para los derechos de las mujeres sobre la tierra. El porcentaje de hombres con derechos de propiedad o de tenencia segura sobre tierras agrícolas es el doble que el de las mujeres en más del 40% de los países que han comunicado sobre la proporción de mujeres entre los propietarios de tierras. Asimismo, el porcentaje de hombres que tienen tales derechos es superior al de mujeres en 40 de 46 los países que han informado”.
Lucrecia afirma: “Si las mujeres no son parte del debate ni de la titularidad de la tierra, son violentadas patrimonialmente”.
Fueron días de conocer de primera mano las historias de luchas, experiencias, resistencias y las iniciativas que impulsan las distintas organizaciones de mujeres representadas en el encuentro. Juntas pensaron cómo seguir avanzando en la justicia de género.
“Me traigo el compromiso de fortalecer aún más la espiritualidad propia de las mujeres y sus organizaciones en el vínculo con la Madre Tierra, la comprensión de las emociones como fuerza para la transformación social y la organización”, concluye.
*Fotos Gentileza ILC LAC
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/08/Encuentro-ILC-Colombia-mujeres-02.jpg15002000plurales1 Fundaciónhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngplurales1 Fundación2024-08-08 18:52:572024-08-15 13:44:05Intercambio Global “Tejiendo Conocimientos y Resistencias”
A partir del 11 y hasta el 22 de marzo, se realiza el 68º período de sesiones anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68). Este año la mayor reunión anual de las Naciones Unidas (ONU) sobre la igualdad de género tiene como tema prioritario “acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”.
La CSW, dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género. Documenta la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y elabora normas internacionales en materia de igualdad de género. Los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y activistas de todo el mundo participamos de las sesiones para “acordar acciones e inversiones que puedan hacer avanzar la igualdad de género”.
Así como otros años, los objetivos de nuestra participación tienen que ver con conocer qué está en la agenda de los organismos multilaterales, gobiernos y sociedad civil en relación con el tema priorizado por ONU Mujeres y vincularnos con otras organizaciones y actores claves que puedan apoyar nuestros propios objetivos. Nuevamente, como hace varios años, estamos atentas a este evento global porque creemos que es importante saber si las agendas puestas en discusión están efectivamente vinculadas a los intereses y necesidades más urgentes de las mujeres, niñas y disidencias, especialmente de los sectores más vulnerables y precarizados.
“El programa de eventos paralelos o actividades organizadas fuera del programa formal, brinda una excelente oportunidad para que los Estados miembros, las entidades de las Naciones Unidas y las ONG discutan temas de la Comisión y otras cuestiones críticas de igualdad de género”.
“Agenda de las mujeres latinoamericanas por la igualdad de derechos territoriales” busca visibilizar las brechas sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra y a los servicios públicos, así como reconocer y difundir las luchas y agendas de las mujeres rurales de Latinoamérica para la defensa y exigibilidad de sus derechos en pro de la igualdad. Será el martes 19 de marzo y además de Fundación Plurales, contará con la participación de mujeres representantes de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), de la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá (Oripanto Oayapo Tuonde) de Venezuela, de Luna Creciente de Ecuador, de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio de Colombia y de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC) de Nicaragua, Guatemala y Salvador.
“Las mujeres de América Latina y el Caribe, y en particular las mujeres rurales, continúan haciendo frente a las grandes brechas para alcanzar la igualdad en las mismas condiciones. Las cifras de pobreza, el acceso a servicios y a la tierra siguen siendo grandes, sobre todo en las zonas rurales. Frente a ello, mujeres rurales de diferentes países de la región de Latinoamérica se han articulado para construir sus agendas regionales y exigir sus derechos”.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/03/CSW68-2024-plurales.jpg7171275plurales1 Fundaciónhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngplurales1 Fundación2024-03-12 18:50:472024-03-13 14:25:17CSW68: nuestra agenda de mujeres latinoamericanas y derechos territoriales
Fundación Plurales participó del 1º Foro Regional sobre la Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Se realizó los días 12 y 13 de diciembre de 2023 en Bogotá, Colombia, con el objetivo de revisar avances y gestiones frente a la protección y promoción de los derechos fundamentales de los campesinos y de las comunidades rurales.
Participamos como miembros de la comitiva de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y la Coalición Internacional por la Tierra (ILC), llevando una agenda que pone en el centro de la discusión los derechos a la tierra y el territorio, en especial de las personas que viven de ella.
Fue un objetivo de nuestra participación el poder compartir las discusiones y análisis que se dieron en el último año en el marco de ENI Argentina, sobre temas como la propiedad comunitaria de la tierra, el avance de las industrias extractivas sobre el territorio y el consiguiente aumento de conflictividad y criminalización de las personas defensoras de la tierra y el territorio. Además, la necesidad de incorporar las voces de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo territorial, el acceso y defensa de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y principalmente los ambientales, donde destaca el acceso al agua, a la tierra y la posibilidad de fomentar sistemas alimentarios sostenibles y respetuosos de los Derechos Humanos y Ambientales.
Argentina y la Declaración
La UNDROP (Res 73/165 de diciembre de 2018) “es el principal referente internacional que ha llevado a los estados a reconocer al campesinado como sujeto de derechos, en perspectiva de mejores condiciones de acceso a los derechos humanos. Las y los campesinos han estado cobijados por el marco internacional de derechos humanos y por los instrumentos de protección internacional de manera general (…) pero el estar inmersos en esta generalidad, no permitía la aplicación diferencial de mecanismos de protección particular del campesinado frente a los desafíos que enfrentan, por lo tanto, el primer reconocimiento a esta Declaración es la codificación de derechos ya existentes y la especificación de estos para la población campesina”.
Nuestro país avanzó en el cumplimiento de la UNDROP con la reglamentación de la Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Es un hito sumamente importante para resolver la deuda histórica del país con el sector rural, sin embargo, esta reglamentación llegó 10 años después de la sanción de la ley y dejó afuera 24 de los 36 artículos.
Desde las organizaciones miembro de la Plataforma Nacional por la Tierra, ENI Argentina, creemos que fueron un gran paso el Banco de Tierras y el Centro de Producción de Semillas Nativas. Pero la cantidad de artículos sin reglamentar, entre ellos uno crucial que es la definición del presupuesto para aplicar las políticas, quedó a mitad de camino y hoy, con un gobierno nacional de derecha, los y las campesinas y demás habitantes del sector rural están más desprotegidos que nunca.
Primer paso y expectativas
El Foro Regional fue un gran espacio de debate y análisis de la situación actual de las personas campesinas en la región, permitió empezar a crear una agenda de incidencia en sintonía con el tiempo de trabajo del reciente comité de seguimiento de los derechos de las personas campesinas, creado mediante la Resolución A/HRC/54/L del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de octubre de este año.
En el actual escenario, “el acceso precario a la tierra y otros recursos vitales; las distintas formas de discriminación al campesinado, que afectan particularmente a las mujeres rurales; la protección excesiva de las patentes sobre semillas y otros recursos; el cambio climático; las limitaciones para el acceso al agua; y la violencia en la ruralidad”, se planteó la necesidad de seguir articulando las organizaciones nacionales a escala regional para lograr mayor impacto y avanzar en la implementación de la Declaración en la región y el mundo.
Es imposible pensar a las y los campesinos sin su vínculo fúndante con la tierra y los bienes naturales, es por esto que el Foro dedicó gran parte de los debates a encontrar instancias compartidas de incidencia sobre temas relacionados con los Derechos Ambientales, al cumplimiento de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) y los civiles y políticos. En tal sentido, se vislumbran acciones conjuntas para incidir en las próximas COP de Escazú en la región y en Brasil.
*Compartimos las conclusiones de cierre
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2023/12/Foro-UNDROP-Colombia-01.jpg7201280plurales1 Fundaciónhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngplurales1 Fundación2023-12-28 19:48:192023-12-28 19:48:46Foro Regional sobre derechos campesinos
Con el objetivo de generar una herramienta de monitoreo legislativo a escala nacional, para detectar situaciones de “alerta” y “oportunidad”, Fundación Plurales, en articulación con la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y el Programa Defensoras Ambientales, apoyada por la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA) y WEDO (Women’s Environment & Development Organization), impulsó la creación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT). Con la intención de un análisis relacionado con los derechos humanos y la justicia ambiental y con perspectiva de género sobre proyectos de ley que se presenten a nivel nacional en Argentina, Guatemala u otro país donde contemos con una Coalición Nacional por la Tierra (CNT), como pilotos y con intención de replicar en la región.
SALT es una herramienta que facilita el acceso a información sustantiva y oportuna para identificar el ingreso de propuestas legislativas al Congreso de la Nación, que hagan foco en temáticas por las que luchamos y trabajamos, analizando los argumentos para su debate y las posibilidades reales de incidir a tiempo en ese marco normativo, sus reglamentaciones y posibles aplicaciones.
La creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos, puede permitir que las comunidades de base se involucren y participen de manera directa, aportando elementos relevantes para el debate legislativo y la toma de decisiones, y/o pongan en marcha mecanismos de incidencia cruciales.
En el caso del SALT, las alertas están dirigidas a la observación de proyectos de Ley y disposiciones normativas que puedan afectar o beneficiar los derechos ambientales/territoriales de las comunidades. Sobre todo vinculadas a acceso y titularidad de la tierra, impacto ambiental, modelos productivos, instalación y desarrollo de industrias, acceso y gestión de los recursos hídricos. Busca facilitar el acceso de las organizaciones sociales y las/los defensores ambientales a los proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional, identificar las dinámicas de debate y argumentación de los diferentes bloques legislativos en las distintas comisiones y generar herramientas concretas para detectar amenazas y oportunidades en esos proyectos.
La herramienta consta de cuatro momentos de trabajo. Primero, de gabinete y equipo técnico que debe conseguir la información de los proyectos de Ley que se presentan. Ya con la información, se propone un filtro para definir si nos interesa dar seguimiento a ese proyecto o no. Es el momento en que se enciende o no la ALERTA. Luego, se desarrolla solo si se activó la alerta y se concentra en el contenido del proyecto, su texto (articulado y fundamentos). A través de una serie de preguntas se aplica la lógica del “semáforo” (rojo, amarillo o verde) para detectar qué aspectos representan una oportunidad o una amenaza. Finalmente, a partir de la aplicación del semáforo, se espera detectar al menos dos proyectos de ley que, por oportunidad o riesgo, nos interpelen para realizar acciones de incidencia y cabildeo concreto, por medio de un plan sistemático.
Conversamos con Daniela Atea, Licenciada en Ciencias Políticas y parte del equipo consultor que diseñó esta herramienta. “El sentido básicamente es poder acercar a las organizaciones una herramienta más que nos posicione mejor al momento de hacer incidencia legislativa o en políticas públicas. Es una herramienta que ayuda a tener más y mejor información y oportuna en el tiempo”, explica.
Daniela detalla que “Plurales detectó que esto no existe y que sería muy bueno tenerlo porque muchas veces las organizaciones tienen toda la intención de hacer algún proceso de incidencia, pero a veces llegan tarde, porque la ley ya se sancionó o no”. Además, historiza, “el proyecto empieza a mitad del 2022, lo organizamos en etapas, la primera fue exploratoria, estuvimos buscando si existía alguna iniciativa o herramienta similar y si bien hay muchos sistemas de alertas, son para otros temas. No había nada igual a esto, se vio que era una gran oportunidad para avanzar en este sentido. Entonces, se hizo un relevamiento, se extrajo de esos antecedentes lo que pudiera ser un insumo para pensar nuestra herramienta y nos pusimos a trabajar en un borrador”. En noviembre del año pasado, se presentó en la Asamblea Anual ENI.
Ese primer acercamiento con las organizaciones integrantes de ENI despertó “mucho interés, mucho entusiasmo. Lo veían muy útil, se entusiasmaron mucho y a nosotros como equipo nos sirvió mucho conocer a las personas que forman parte de estas organizaciones, escucharlos, verlos cómo ponían a prueba la herramienta, ese borrador. Pero sobre todo, el gran nivel de formación que tiene la gente que forma parte de las organizaciones. Tiene mucha formación política porque participan en muchas instancias de capacitación, en todo lo que pueden, y además tienen mucho ejercicio en la práctica”.
“A partir de ese encuentro empezamos a trabajar en pulir el sistema y ya consideramos fundamental complementarlo con otros, entonces desarrollamos una propuesta de caja de herramientas”, por ejemplo, fortalecer sus conocimientos sobre los procesos legislativos nacionales, sumar instancias de capacitación, etc. Durante 2023 “la pusimos a prueba, hicimos un barrido de todos los proyectos de ley que podrían interesarles a las organizaciones, que podrían de alguna manera despertar la alerta. Les presentamos ese listado en el encuentro que tuvimos (Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC) y volvimos a confirmar el interés de las organizaciones por la herramienta”.
“Tras ese encuentro, la idea es seleccionar uno o dos proyectos sobre los que realmente poner en práctica la herramienta y luego de lo que surja de ahí, las propias organizaciones van a ir decidiendo una estrategia de incidencia, es lo que queda por este año”, concluye Daniela.
SALT de Argentina para el mundo
Este sistema siempre estará en constante revisión y perfeccionamiento, en continuo proceso de mejora. Además, la idea es replicar esta experiencia en otros dos países, Guatemala y Perú, por ejemplo. Semanas atrás, Nicolás Avellaneda, integrante de Fundación Plurales, presentó la herramienta en las oficinas centrales del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), en el departamento guatemalteco de Sololá. Conversamos con Fredy Pérez, facilitador de la plataforma CNT Guatemala y consultor investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales IDEAR de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP).
“A partir del año 2015, Guatemala atravesó una serie de procesos de protesta y movilización social frente a la crisis de la democracia causada por la corrupción y la impunidad dentro del Estado, lo cual se expresó en el cierre del espacio cívico y la libertad de expresión. En el campo, se sucedieron constantes ataques a las personas defensoras de derechos humanos y a la resistencia pacífica a nivel comunitario frente a los megaproyectos extractivos y los grandes agronegocios. En este contexto, SALT resulta relevante, pues permitirá sistematizar las políticas y prácticas de implementación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, siendo relevante advertir sobre aquella legislación nociva a los derechos humanos y a la democracia en el país”, detalla.
Ahora, “en la última semana, se celebraron las Elecciones Generales y es posible conocer la nueva composición del Congreso y se tienen grandes posibilidades de que el nuevo gobierno, particularmente el Ejecutivo -que se eligirá en dos meses-, promueva cambios positivos en materia de política pública, democracia y la lucha anticorrupción. En este sentido, la implementación de SALT proveerá de capacidades y conocimientos que permitan continuar implementando la herramienta para el análisis legislativo en un nuevo contexto y analizar el tipo de cambios que se produzcan”.
Fredy cuenta que aún no se implementó, “pero una de nuestras organizaciones miembro de ILC, el CCDA, desde ya comenzó un proceso de consulta e investigación que permite identificar la legislación de interés para la herramienta. También, se convocó a los demás miembros de la plataforma y a organizaciones aliadas a participar en el proceso de recolección y facilitación de información, esperando que, con los primeros resultados, se pueda realizar un análisis colectivo para mejorar la implementación”.
Fredy detalla que el CCDA intercambió información con la CONGCOOP sobre SALT, “siendo interesante la metodología a implementar, pues no se realizó antes un análisis global de la legislación guatemalteca que pueda beneficiar o afectar a la población indígena y campesina. Distintos líderes y lideresas locales se interesaron y manifestaron su disposición a aprender y colaborar en su implementación”.
SALT por y para los territorios
Algo a destacar es que así diseñado, el instrumento no requiere de contar con buena conectividad a Internet, ya que la planilla de Excel original puede descargarse una vez en una computadora o notebook y usarse indefinidamente. Tampoco requiere de contar con un programa o aplicación especial. Sin embargo, estamos analizando la posibilidad de generar una aplicación sencilla para celular que cumpla la función de carga de datos y visibilidad del semáforo para “amigar el formato” lo más posible.
Nos encontramos con sociedades cada vez más complejas que, atravesadas por conflictos sociales, económicos y políticos que trascienden las fronteras de los países, exponen de manera dramática la confrontación de intereses y perspectivas sobre los mejores modos de resolver las disyuntivas y dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad. En este contexto, las preguntas por los modos de fortalecer las democracias y la participación de la ciudadanía para que las decisiones beneficien a las mayorías, resultan claves si se pretende garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas y sectores.
Fundación Plurales viene impulsado distintas estrategias para fortalecer a organizaciones de base, personas y grupos aglutinados alrededor de la defensa del territorio, los derechos humanos, los bienes ambientales y la justicia económica, de sectores históricamente desfavorecidos. Desde un enfoque de género, apoyamos a las comunidades rurales fomentando la gobernanza participativa de los bienes naturales como agua segura, tierra y la incorporación de tecnologías apropiadas que generen sistemas productivos más sostenibles. Uno de los ejes es fortalecer el trabajo en red y desarrollar programas que proporcionen un tejido social de soporte en los conflictos y acciones de resistencia ante situaciones y medidas de avasallamiento. En ese marco, el Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT) ayudará a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2023/07/DESC-SALT-Encuentro-Plurales-01.jpg11252000adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2023-07-07 23:58:472023-07-13 14:11:45SALT: una posibilidad real de incidir en el Congreso
A finales de octubre de 2023, Argentina debe presentar un nuevo informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC / CESCR por sus siglas en inglés). Si bien aún no hay avances sobre el documento Nacional, desde la sociedad civil y principalmente desde las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y jóvenes, miembro de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina, ya nos preparamos para presentar nuestro informe alternativo o “shadow report”.
Los Informes Alternativos son un documento creado por la sociedad civil con el fin de ser presentado a diferentes comités de Naciones Unidas para validar, cuestionar, contradecir o complementar la información oficial presentada por el gobierno, al mismo comité de expertos. De esta manera, cada organización redacta su informe, eligiendo su propia metodología y la envía al sistema de Naciones Unidas vía mail.
Los Estados Partes que conforman la Organización de Naciones Unidas han firmado y ratificado diferentes tratados internacionales y convenciones, asumiendo compromisos en la búsqueda por el respeto y defensa de los Derechos Humanos. Algunos de estos son el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. Los llamados “Órganos de Tratados”, son comités de personas especialistas, independientes y de reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos, que tienen la función de vigilar el cumplimiento de los tratados.
Todos los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos al Comité correspondiente de cada tratado, donde dan cuenta los avances en la aplicación de los derechos. Dependiendo qué Comité, los Estados presentan informes cada dos o cuatro años. Cada Comité lo examina y comunica al Estado sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”. En este proceso, Naciones Unidas ofrece un sistema formal para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puedan participar activamente a través de la creación de Informes Alternativos o “Sombra”.
Construcción colectiva siempre
En ese marco, organizamos un encuentro nacional y presencial de trabajo para realizar nuestro nuevo informe. Se realizó en la ciudad de Córdoba, los días 8, 9 y 10 de junio y participaron representantes de 20 organizaciones, integrantes del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Comité de Jóvenes de ENI Argentina. Los análisis que realizaron durante la actividad, tomaron como punto de partida las recomendaciones de Naciones Unidas en el examen del 2018 y el informe de seguimiento del Estado Argentino emitido en el 2020.
Una de las prioridades del plan de trabajo de las organizaciones miembro de la ENI Argentina, desde el 2020, es el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones expresadas por CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en 2016, EPU (Examen Periódico Universal) 2017 y DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en 2018 al Estado argentino. Dichas recomendaciones surgen a partir de los informes alternativos que se presentaron a los comités de Naciones Unidas, a través de un proceso participativo y colectivo que iniciamos en el 2016 bajo la coordinación de Fundación Plurales y el apoyo de International Land Coalition (ILC LAC).
Sabemos que las recomendaciones que surgen desde Naciones Unidas (ONU) como resultado de la presentación de los informes sombra, son un gran instrumento para visibilizar demandas a los organismos del Estado e incidir en el cumplimiento efectivo de los derechos. Anteriormente, instalamos temáticas y problemática, los Comités de Naciones Unidas tomaron nuestras denuncias y realizaron preguntas concretas sobre estos temas a la delegación oficial del gobierno Argentino, incorporamos nuevas herramientas para ejercer presión frente al gobierno y actividades de incidencia, tomamos contacto con otras organizaciones de Argentina para difundir la problemática y unir esfuerzos a la hora de denunciarlas.
Desde Fundación Plurales recomendamos que sea siempre participativo del grupo o sector sobre el cual el Informe versará. Esto incluye formación y capacitación de representantes del grupo en cuestión, realización de talleres locales o con subgrupos, sistematización de los trabajos realizados localmente, elaboración del informe, consulta al grupo involucrado para comentarios o cambios, edición de Informe final y difusión para su aprobación. También recomendamos tener especial preocupación por la cantidad y calidad de participación de mujeres y jóvenes.
Esta vez, recorrimos 44.144 kilómetros en total, más de una vuelta al mundo, para reunirnos y debatir sobre lo que está pasando en los territorios y visibilizarlo en nuestro informe. Si bien esta forma participativa de construcción requiere de más tiempo y fondos, los resultados serán mucho más ricos en comparación a los informes que se construyen de manera tradicional. Siguiendo esta metodología, se corre el riesgo de elaborar informes muy tecnicistas, que no reflejen realmente las percepciones y vivencias sobre las distintas problemáticas que poseen las personas en los territorios.
Tres días de mucho trabajo
La primera jornada, la actividad principal fue trabajar en grupos por tema: Bienes naturales (Art.1, 2 y 11), Trabajo y seguridad social (Art. 6,7 y 9), Cuidados y Salud (Art.10 y 12) y Educación y Cultura (Art.13,14 y 15). Cada grupo hizo una lectura de los artículos y las recomendaciones, para trabajar los problemas, propuestas y recomendaciones.
El segundo día, también nos dividimos en grupos para definir evidencias y preguntas al Estado (usando la herramienta Landex). Luego, se realizó una plenaria por grupos y la presentación del borrador / bosquejo del informe y socialización de lo trabajado para corroborar que esté reflejado lo trabajado.
En la última jornada, Daniela Atea y Tania Cucui, del equipo consultor de SALT, presentaron herramientas para incidir en temas de justicia ambiental y género y el sistema de alerta legislativa temprana. ¿Dónde queremos incidir y cómo lograr efectivamente la incidencia? Realizamos un taller de aplicación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT), que sirve para poder revisar proyectos legislativos que sean pertinentes a los comités y que sume a nuestro informe.
Ahora, el informe se seguirá trabajando y ampliando por medio de consultas virtuales. Una vez redactado será enviado.
En 2020, en el marco de las líneas de acción de la ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), desde Fundación Plurales propusimos y llevamos adelante un comité de seguimiento de las recomendaciones de CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en 2016 y DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en 2018 al Estado argentino. Ese comité se constituyó con mujeres representantes de las organizaciones indígenas y campesinas de todos los sectores de las provincias que forman parte de la ENI.
Durante ese primer año se realizó un informe que, en diciembre del 2020, se presentó en la asamblea de la ENI, donde se invitó a representantes de Naciones Unidas. En ese reporte se trabajaron todas las recomendaciones que la ONU le hizo a nuestro país, priorizando las más urgentes y desactualizadas en función del contexto de pandemia. Paralelamente, el comité realizó diagnósticos en las comunidades acerca de cómo estaba esa situación, por ejemplo, con el tema del agua, violencia, la tenencia de la tierra de las mujeres; y, por otro lado, solicitaron información a los organismos que estaban a cargo de las acciones que cubrirían el desarrollo de las recomendaciones. Luego de esa tarea, evaluaron que era importante dejar vigente ese espacio y se incorporaron más mujeres, sobre todo indígenas.
Seguimos afirmando que este tipo de procesos realizados durante el Encuentro, tiene principalmente una fortaleza que le otorga más incidencia: un trabajo colectivo constituye un análisis más completo y argumentando.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2023/06/ENI-DESC-Informe-Encuentro-ONU-01.jpg14062500adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2023-06-12 17:55:542023-06-13 13:29:58Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC
Este Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011 y promueve, difunde e implementa los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. También tiene el mandato de intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de los Principios Rectores, y de evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Sus miembros actuales son la presidenta, Pichamon Yeophantong, vicepresidente Damilola Olawuyi y Fernanda Hopenhaym, Sr. Robert McCorquodale y Elżbieta Karska.
En Argentina se realizaron reuniones y finalmente, el martes 28 de febrero por la mañana, una conferencia de prensa, híbrida presencial y virtual, para que todas las partes interesadas puedan escuchar las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo.
En un comunicado posterior a la conferencia, dejaron en claro que “las autoridades argentinas deben garantizar la protección de los derechos humanos en todas las actividades empresariales, especialmente en un momento en que éstas se consideran una posible solución a los problemas económicos del país”.
“Argentina cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados. Sin embargo, hemos identificado una brecha significativa en la implementación y cumplimiento de los marcos legales y regulatorios en todos los ámbitos. Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, afirmaron.
Durante la visita, las expertas se reunieron para debatir con representantes del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas y empresas privadas y estatales. Una de las integrantes del Grupo, Fernanda Hopenhaym, se mostró alarmada por “la invisibilidad que sufren las Comunidades y Pueblos Indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”.
El Grupo de Trabajo visitó Neuquén, Catamarca y Chaco, mantuvo reuniones con actores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
Desde Fundación Plurales venimos trabajando con las comunidades estas temáticas y en el comunicado el Grupo destaca, entre otras cosas, lo que venimos denunciando. “En el transcurso de su visita, el Grupo de trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se nos ha informado de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua limpia y potable (…) especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala (…) la carencia del agua ha sido exacerbada por la utilización de productos químicos que presuntamente están contaminando los cursos de agua locales. Estos problemas ponen aún más de relieve la falta de infraestructura adecuada que garantice a las comunidades remotas el acceso al agua limpia y potable en estas y otras provincias. En efecto, muchas Comunidades Indígenas de distintas provincias del país manifiestan con preocupación que sus territorios están en peligro no solo de ocupación, sino de destrucción de la biodiversidad por amenazas de distintas industrias. El Grupo de trabajo ha podido asimismo observar los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, nos preocupa la información recibida acerca de la presunta falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país (…) Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático”.
El informe final de esta visita, que incluirá los distintos hallazgos y recomendaciones finales, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2023.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2023/03/Empresas-DDHH-Indigenas-Campesinos.jpg9001600adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2023-03-02 14:01:112023-03-02 14:01:15Organizaciones indígenas y campesinas presentaron demandas al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de ONU
Desde hoy y hasta el 3 de febrero, tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el 42° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas (ONU). En este cuarto ciclo 13 Estados parte de la ONU serán revisados por su desempeño en derechos humanos.
En este caso, Argentina deberá responder sobre los hechos de violencia institucional; la implementación de la interrupción voluntaria y legal del embarazo; las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+, la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); los avances en el reconocimiento de los territorios indígenas; la situación de las personas migrantes y refugiadas y la ley de Humedales.
El EPU es un proceso de examen entre Estados, mediante el cual se revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada 4 años y medio. Esta es la cuarta vez que el Estado argentino se somete a este escrutinio, lo hizo en 2008, 2012 y 2017.
El encargado de llevar adelante el examen es el Grupo de Trabajo del EPU conformado por los 47 miembros del CDH. Durante el examen, el Estado evaluado es asistido por un grupo de tres países que se conocen como “troikas”, facilitadores del proceso. Esta vez, los países sorteados para el examen de Argentina son Bolivia, China y Gabón.
El examen tiene forma de diálogo interactivo y dura 3 horas y media, y podrá verse online.
El Estado argentino tendrá tiempo para presentar su informe nacional y responder a comentarios y preguntas de otros países, quienes también formularán recomendaciones. Una vez finalizado el examen, la troika prepara un “informe de resultados” que contiene un resumen del proceso.
Luego, Argentina tendrá la oportunidad de hacer observaciones preliminares sobre las recomendaciones, “aceptarlas” o “tomar nota” de ellas. Todas ellas se incluirán en un “informe final” que se aprobará por consenso en el Grupo de Trabajo y más adelante, formalmente, en el 53º periodo ordinario de sesiones del CDH que tendrá lugar en Ginebra del 19 de junio al 14 de julio de este año.
Si bien en esta ocasión no podremos estar presencialmente, entendemos que las recomendaciones del EPU constituyen una gran oportunidad para volver a insistir sobre las deudas pendientes con los derechos humanos. Por eso, en los últimos meses del 2022, con organizaciones de derechos humanos y Gobiernos de Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Eslovenia, Paraguay, Bolivia y Finlandia realizamos acciones de incidencia. Además nos contactamos con las Coaliciones Nacionales por la Tierra (CNT) de África.
-El informe nacional presentado por el Estado bajo examinación.
-Una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas.
-Un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.
Queremos destacar que al revisar los tres informes ya publicados por ONU, detectamos que logramos incluir cuestiones claves de los derechos a la tierra en la evaluación.
En el informe de compilación de expertos se incorporaron recomendaciones textuales del informe de la CNT Argentina, en el informe de organizaciones regionales tomaron recomendaciones del último informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) realizado por la Coalición y también, en las preguntas claves enviadas con anticipación, Alemania y Eslovenia han apuntado sus preguntas a temas clave introducidos en el informe.
Del contenido del informe presentado por la ONU, destacamos la preocupación por las denuncias de amenazas y violencia, en los últimos años, contra les defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y por la tendencia a la confrontación violenta y criminalización de quienes buscan la restitución de los territorios indígenas.
El informe retoma que el DESC recomendó garantizar la implementación y reglamentación de la Ley 27118 de Agricultura Familiar, tomar medidas para reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas.
La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó su gran preocupación por el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras asociados a la producción de soja, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) clasificó a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques. Mientras el Comité DESC se mostró muy alarmado por el aumento en Argentina, del uso de pesticidas y herbicidas que contienen glifosato, y recomendó la adopción de un marco normativo que incluya la aplicación del principio de precaución con respecto al uso de pesticidas y herbicidas nocivos.
Sobre el derecho a la tierra, Elver indicó que, a lo largo de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la producción de soja, los pueblos indígenas perdieron grandes porciones de sus territorios tradicionales. Al mismo tiempo, el Comité DESC marcó su preocupación por la falta de mecanismos para la titulación de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas.
Finalmente, el equipo de las Naciones Unidas en el país consideró necesario avanzar en el relevamiento de las tierras comunales indígenas y en la reglamentación de una ley de propiedad comunitaria y una ley de consulta previa promoviendo mecanismos de consulta libre e informada a los pueblos indígenas a nivel nacional y provincial, adecuados a estándares internacionales, focalizando la cooperación en la región del Gran Chaco.
Fundación Plurales seguirá de cerca este Examen Periódico Universal como otra posibilidad de seguir insistiendo en las deudas con las personas que viven en y por la tierra de Argentina.
Fundación Plurales, junto al comité de género, mujeres y diversidades de ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), realizó una Guía para la evaluación de políticas públicas. El objetivo puntual de esta guía es contar con determinados parámetros para identificar y evaluar si una política pública es sensible o no al género y a la interseccionalidad.
Explorar y poner de relieve las relaciones de las mujeres y los hombres en la sociedad, y las desigualdades en esas relaciones es fundamental. ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene qué? ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Cuando nos planteamos estas preguntas, también nos preguntamos: ¿Qué hombres? ¿Qué mujeres? El análisis de género rompe la división entre la esfera privada (que implica las relaciones personales) y la esfera pública (que se ocupa de las relaciones en la sociedad en general).
Una política con perspectiva de género e interseccional tiene que reconocer la desigualdad, que la naturaleza de la participación de las mujeres está determinada por las relaciones de género, que hacen que su participación sea diferente y, a menudo, desigual; entender que las mujeres pueden tener necesidades, intereses y prioridades diferentes, que a veces pueden entrar en conflicto con las de los hombres; describirla; conceptualizarla y tener acciones concretas que busquen revertirlas.
Esta guía permite determinar qué entendemos por política pública sensible al género, definir criterios de evaluabilidad y preguntas. Así, precisamos cuáles deben ser los aportes de las políticas. El uso, administración y control equitativo de los recursos naturales; empoderamiento de las mujeres ante riesgos de desastre; participación equitativa en procesos de toma de decisiones; distribución equitativa de beneficios y recursos públicos para el desarrollo; acceso equitativo a procesos de formación y capacitación; acceso a sistemas de información (sistemas de alerta temprana, sistemas para detectar lugares críticos respecto al cambio climático y gestión de riesgo por ejemplo); reconocimiento de necesidades e intereses de hombres y mujeres de distintos grupos étnicos y de distintas edades; reconocimiento de las afectaciones diferenciales y de las diversas vulnerabilidades que pueden sufrir hombres y mujeres según su edad y su pertenencia étnica y promoción de acciones afirmativas o medidas temporales a favor de las mujeres, en procesos que impulsen un desarrollo sostenible.
Agustina Calcagno, integrante de Fundación Plurales y del equipo que realizó la Guía, explica que en el marco del trabajo con el comité, surgió la necesidad de contar con herramienta y metodología de análisis para llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones que la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y el comité DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) de Naciones Unidas realizó al Estado Argentino.
“Necesitábamos contar una herramienta práctica y sencilla que nos permita comprender los avances y retrocesos en materia de género y desigualdades que fuera específica para el análisis de los derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Como por ejemplo: analizar el acceso al agua, al acceso a la tierra, a la distribución del poder en comunidades rurales e indígenas. Es decir, una herramienta que nos permita evaluar acciones de gobierno, políticas e iniciativas públicas, leyes, decretos, entre otras”.
Sobre el proceso de armado de la Guía, Agustina cuenta que “quisimos que sea una herramienta creada de forma participativa y colectiva con las miembras del comité. Al mismo tiempo, buscamos que fuera simple y fácil de implementar con las mujeres, que sea una herramienta que se ajuste a los conocimientos y necesidades del comité”. Ella enumera los pasos que realizaron para lograrlo.
Realizaron un relevamiento de herramientas, matrices y metodologías que ya habían sido elaboradas por otras organizaciones que trabajan tanto en la temática de género como en temas de comunidades indígenas y rurales. Se basaron en documentos elaborados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Land Coalition, ONU Mujeres, OXFAM, entre otros.
A partir del análisis e investigación de la herramienta construyeron una primera matriz en dónde establecieron qué criterios y preguntas querían hacerse a la hora de evaluar las políticas públicas y acciones.
Con la base de un primer documento elaborado lo compartieron primero con las compañeras del comité y luego lo trabajaron en conjunto con una experta en evaluación de políticas públicas con quien afinaron su matriz inicial hasta obtener la versión final.
Una vez que tuvieron la versión empezaron a testear con las miembras del comité, trabajando en el análisis participativo de políticas públicas de género y agricultura de Argentina. A medida que iban avanzando en las preguntas fueron ajustando los criterios y preguntas de la matriz. Se armó una guía para facilitar su aplicación.
“Tanto la construcción de la matriz como luego su implementación, dio lugar a un gran proceso de reflexión, análisis y aprendizaje para las miembras del comité. Durante el momento de construcción de la matriz supuso trabajar en construir nociones comunes en torno al género, la igualdad, la interseccionalidad, definición de derechos. El proceso de implementación implicó poner en práctica todo lo debatido y aprendido durante la fase de diseño, y también el darse cuenta que teníamos una herramienta que de ahora en más a través de sus preguntas, nos permitía analizar todo tipo de acciones”, detalla Agustina.
Hasta ahora, realizaron el análisis de la Ley de Agricultura familiar y campesina, la línea de crédito para mujeres del Banco Nación y el Proyecto de Ley Agroecología.
Los análisis tanto de la Ley de Agricultura Familiar como de la línea de crédito, les “ayudaron a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública. A partir de los mismos elaboramos cartas donde expresamos el estado de situación de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en materia de autonomía económica, acceso al crédito y agricultura familiar y se las hicimos llegar a diferentes referentes públicos de ministerios, secretarías y direcciones nacionales”.
En el cierre, Agustina destaca que “tanto el proceso, como su implementación, fueron de gran importancia para la formación de las miembras del comité así como para el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, incidencia pública, reducciones de desigualdades y análisis de género e interseccional”.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2022/04/Piruaj-Santiago-del-Estero-Gran-Chaco-03.jpg14062500adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2022-04-13 15:26:412022-04-13 15:26:45Guía para la evaluación de políticas públicas con perspectiva de género
En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecieron. En medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, desde 2020, comenzamos a realizar una serie de entrevistas para visibilizar los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los que todo esto sería posible.
Zulema nos cuenta que la ILC surgió en el marco de una conferencia internacional sobre hambre y pobreza celebrada en Bruselas, Bélgica, el 20 y 21 de noviembre de 1995. Participaron más de mil representantes de la sociedad civil, gobiernos, intergubernamentales y como parte de los resultados y sugerencias de esta conferencia, surgió la idea de conformar una gran alianza entre sociedad civil e intergubernamentales, para luchar contra el hambre y la pobreza. Entonces, “en ese momento se crea la ILC, pero tenía como nombre Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza. Luego de unos años, en 2013, reconoce que el tema central de esta Coalición era el tema del acceso y los derechos a la Tierra en general, entonces el nombre de hambre y pobreza quedaba muy amplio, y así fue como se le cambia el nombre al que tiene hoy”, cuenta.
Principalmente, la ILC surge como parte de una visión compartida con las organizaciones fundadoras sobre la relevancia del acceso seguro y equitativo y el control sobre la tierra para reducir el hambre y la pobreza. Y la contribución que tienen los derechos a la tierra, en la identidad, la dignidad, la inclusión de las personas que están en situación de vulnerabilidad y que viven de la tierra y en la tierra. “Desde ese momento ha crecido muchísimo, eran 16 organizaciones y ahora somos alrededor de 300 en más de 70 países del mundo”, celebra Zulema.
Cuando le pedimos a Zulema que detalle las tareas que realizan, primero aclara que “en el corazón de nuestro trabajo, está garantizar los derechos seguros y equitativos a la tierra para la población indígena, campesina, agricultores familiares, mujeres y jóvenes rurales, toda la población que vive en y de la tierra” y para eso, “implementamos una diversidad de estrategias”. Lo fundamental es: “Apuntamos siempre a generar un cambio político y en las relaciones de poder, de forma tal que estos sectores de la población tengan voz y puedan sentarse a discutir sobre políticas públicas, a definir sus opciones de desarrollo en condiciones de igualdad con otros actores de los territorios, que tengan voz en espacios de decisión en los gobiernos locales, pero también a nivel nacional. Para eso consideramos central trabajar muy cercanamente con las organizaciones de base de distintos niveles”.
Por un lado, generan información y datos para la acción política. “Pensamos que es central contribuir al trabajo de monitoreo de datos e información de los países y que eso además, contribuye a que los gobiernos rindan cuentas y produzcan información sobre de qué manera están avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, de cara a los derechos de estos sectores de la población con los que trabajamos, a los derechos sobre la Tierra, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países están comprometidos en alcanzar”. Las organizaciones de la sociedad civil generan datos, que la ILC llama “datos centrados en las personas”, complementarios que recogen las voces de los territorios.
También, aplican estrategias de incidencia política a todos los niveles, gobiernos locales, políticas nacionales o espacios internacionales de incidencia. “De hecho, tenemos muchos miembros de la ILC que son Agencias de Naciones Unidas que tienen directamente vínculos con los temas de tierra, desarrollo rural y agrícola, como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)”.
La ILC trabaja a nivel local, nacional, regional y global, organizaciones de todos estos niveles son miembros y se impulsa fuertemente el empoderamiento de estos espacios, fortaleciendo sus capacidades para el diálogo y la incidencia. Se organizan en plataformas nacionales, regionales y globales, los miembros y aliados se agrupan y conforman alianzas a partir de las cuales desarrollan estrategias que implementa el conjunto. “La ILC apoya el trabajo de los miembros y organizaciones que convergen alrededor de una cantidad de prioridades temáticas que tenemos y que llamamos los 10 compromisos para la gobernanza de la tierra. Para mencionar algunos, los derechos a la tierra para las mujeres rurales, los derechos seguros al territorio para los pueblos indígenas, las medidas contra el acaparamiento de tierras, la defensa y protección de quiénes ejercen defensa de los derechos a la Tierra y al medio ambiente, que son muy criminalizados”.
Los tiempos de pandemia
Sobre la crisis sanitaria mundial que vivimos, “como a todo el mundo, nos agarró de sorpresa pero creo que nos hemos adaptamos bastante rápido a la nueva situación, aprendimos a trabajar con las herramientas virtuales. Los espacios de formación, de encuentro, de diálogo e incluso de incidencia, pasaron a ser virtuales pero no nos detuvimos, más bien, cosechamos algunos aprendizajes que no vamos a dejar aunque acabe la pandemia”.
Zulema se refiere a dos consecuencias de la pandemia que nutrieron la tarea que realizan. Por un lado, “la posibilidad de tener aportes y participación de personas de Centroamérica en un pequeño taller local o regional de Argentina o de Perú. Nuestras reuniones regionales de América Latina por ejemplo, podían contar con la participación de personas de África, de Asia, a través de herramientas virtuales de interacción y con la traducción simultánea. Hay cosas que se pueden aprovechar con la virtualidad y de eso hemos aprendido”.
Por el otro, “la pandemia puso por delante algunos de nuestros temas centrales. Pudimos visibilizar la importancia de, por ejemplo, la agricultura familiar para la alimentación, sobre todo en momentos de crisis dónde hay escasez de alimentos, como era al principio de la pandemia; o la importancia de que los pueblos indígenas puedan controlar sus territorios para protegerse de una situación como el Covid-19, muchos pueblos indígenas pudieron cerrar sus territorios y así se protegieron muchísimo de la entrada y propagación del virus; o el rol de las mujeres y sus conocimientos ancestrales para la alimentación en una situación de salubridad muy compleja, o para curarse o atenderse cuando ya había problemas de afectación por el Covid-19”.
Nuestro tejido
Fundación Plurales es miembro de ILC y de la plataforma de ILC en América Latina y “son un miembro fundamental y muy activo. Conduce, facilita, una parte importante en nuestro plan trienal y nuestra estrategia global”.
Primero, estamos a cargo de liderar la Iniciativa de Tierra y ODS, que hace seguimiento a los ODS vinculados con temas de gobernanza y derechos sobre la Tierra. Para eso, Tierra y ODS coordina con miembros y plataformas de toda la región de América Latina generando información y promoviendo incidencia en los países en donde se recoge la información y a nivel internacional en espacios como el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible o el Foro de Desarrollo Sostenible de América Latina, en donde se pone sobre la mesa la situación y el avance de los ODS. “Nuestra tarea es destacar la importancia de los derechos a la Tierra en los ODS y visibilizar su avance o los desafíos que están encontrando los países para poder garantizarlos”.
También, Fundación Plurales está a cargo de coordinar el trabajo de una de las plataformas nacionales que apoya la ILC, ENI Argentina. “La ILC apoya a más de 30 coaliciones nacionales por la tierra y una de ellas está en Argentina. Estas coaliciones son plataformas amplias de miembros y aliados que trabajan en favor de los derechos a la tierra de la población campesina e indígena de sus países. Cada una en temas que son de particular interés en función de cada contexto”.
“Fundación Plurales además participa muy activamente en otras iniciativas. En Semiáridos de América Latina, que tiene foco en la región del Chaco trinacional, nordeste de Brasil y en el corredor seco centroamericano. En la Iniciativa Regional de Mujer Rural, una plataforma regional amplia que trabaja en favor de los derechos de las mujeres a la Tierra”.
Lo que se viene
Ahora, a pesar de que las restricciones de movilidad han cesado, aún la ILC dificultades para los espacios de interaprendizaje y encuentro internacional. “Como somos una red global, tenemos muchos espacios importantes de articulación de los miembros que aún no hemos recuperado, al igual que nuestra participación en espacios internacionales de incidencia. Esperamos recuperar eso poco a poco, de hecho en mayo vamos a tener nuestro postergado Foro Global de la Tierra, que se va a realizar en Jordania, y es nuestro evento trienal más importante como ILC”.
Por último, Zulema Burneo, quiere hacer hincapié en los procesos de reactivación económica post pandemia. “Las economías se vieron fuertemente deprimidas con la pandemia y una estrategia de muchos países de la región es fortalecer las actividades extractivas, agroindustriales, que operan en los territorios donde habitan las poblaciones con las cuales trabajamos, población indígena, campesina, agricultores familiares”. Ella alerta que “si estas actividades se realizan sin los adecuados estándares ambientales y sociales, como antes de la pandemia, suelen vulnerar los derechos de estos grupos de la población. Entonces, desde la ILC estamos muy atentas y atentos en que las reactivaciones de las economías de nuestros países no signifiquen un retroceso en la garantía de los derechos de las poblaciones que viven en la tierra y de la tierra y que garantizan la alimentación de nuestros países, la seguridad alimentaria nacional y el cuidado del medio ambiente. Creo que este es un punto que va continuar siendo clave para la ILC”.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2022/03/ILC-land-coalition-2018.jpg10111797adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2022-03-10 15:21:012022-03-10 15:21:04Tejiendo redes: International Land Coalition América Latina
Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre este documento producto de un gran trabajo de incidencia impulsado desde la sociedad civil, principalmente la Vía Campesina Internacional que en septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó.
Este informe es parte de una serie que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en breve en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.
Este artículo busca poner en valor este tipo de incidencia pública de alto nivel, así como resaltar los horizontes de posibilidades que abre la Declaración en la exigibilidad de derechos a nivel local para les campesines.
Neoliberalismo y sus consecuencias
A finales de la década de los 90′, pleno auge del neoliberalismo, el capital financiero profundizó su acercamiento al campo provocando procesos de mercantilización (proceso de transformación de bienes y servicios en mercancías comercializables con fines de lucro. El valor de cambio de los objetos prevalece sobre su valor de uso) y financiarización (ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento de una determinada actividad, en este caso la agricultura) de la agricultura. Estos procesos vinieron de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. “El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad”.
De la mano de esta ideología y con la complicidad de los Estados, en el campo se vivió un proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas. Con el afán de conseguir más terrenos para la producción, las empresas avanzaron sobre las selvas y bosques nativos, así como también sobre territorios que poseían comunidades campesinas e indígenas ancestralmente. Así, esta etapa tuvo consecuencias nefastas para el campesinado: los desalojos forzosos con los despojos que conllevan; la destrucción de mercados locales; la precarización laboral y en muchos casos trabajo esclavo en las fincas de los grandes productores; la contaminación con agrotóxicos que no sólo destruye la naturaleza sino que enferma a las poblaciones; el aumento de la criminalización, violencia y persecución de les campesines; el aumento de las migraciones forzadas; entre otros.
En el plano agrario, la ideología neoliberal trajo aparejada también la teoría del “Fin del Campesinado”. Según esta teoría, con el desarrollo del capitalismo primaría el trabajo asalariado, reemplazando por ende al trabajo familiar. Concretamente, sugiere que las familias campesinas desaparecerían, dejando en manos del agronegocio la capacidad de “alimentar a la humanidad”. Nada más alejado de la realidad: les campesines se organizaron en grupos y movimientos de lucha y resistencia.
Vía Campesina: organización impulsora de la Declaración
Es en este contexto que se produce la conformación de La Vía Campesina: movimiento que reúne a millones de campesines, pequeñes y medianes agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Dentro de los objetivos de la organización se destaca la lucha por la tierra, en contra de las políticas que abren las puertas a las corporaciones en detrimento de las comunidades.
Frente a la crisis climática y alimentaria a nivel global, la Vía Campesina logró – a través de la articulación con otras organizaciones, el debate y elaboración de propuestas y proyectos – desmentir la teoría del fin del campesinado. “No solo que no era el fin, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra”.
De esta manera y en un contexto de vulnerabilidad, discriminación y despojo de les campesines del mundo, además del constante hostigamiento respecto a los modos de producción, el acceso a la tierra y a las semillas y la comercialización de sus productos, se comenzó a delinear una estrategia de incidencia internacional para elaborar una “Declaración de los Derechos Campesinos”, cuya redacción fue impulsada por Vía Campesina en alianza con otras organizaciones como FoodFirst Information and Action Network (FIAN) y el Centre Europe – Tiers Monde (CETIM).
Vía Campesina comenzó a escribir un proyecto de Declaración en abril del 2002, en la “Conferencia Regional sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos” teniendo en cuenta los procesos desarrollados en diversas actividades previas. En este proyecto se denunciaba la constante violación de los derechos de les campesines y cómo esto se ve agudizado con las políticas neoliberales, llevando a la necesidad de un convenio internacional para el cumplimiento y respeto de sus derechos.
En el año 2008, junto con FIAN y CETIM, presentaron ante la ONU el proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos”. Y recién en el 2012, se llegó al Consejo de Derechos Humanos donde se presentó el Proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”.
En el 2014, una nueva resolución del Consejo ratificó la necesidad de una declaración presentando un nuevo proyecto que confirmó derechos ya proclamados en otras declaraciones, pero puso en el foco otros: el derecho a la tierra, a las semillas, al acceso a los mercados y precios justos, al agua de consumo y producción, al uso y gestión de los bienes naturales y a no ser afectados por agrotóxicos y transgénicos.
Finalmente, en septiembre de 2018, en la ciudad de Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó la resolución relativa a la Declaración sobre los Derechos campesinos y otras personas que trabajan en zona rural. Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York adoptó formalmente dicha declaración, convirtiéndose, por lo tanto, en un instrumento legal internacional.
Declaración de Derechos Campesinos: ¿qué es?
La Declaración de los Derechos de campesines y otras personas que trabajan en zona rural es una herramienta para que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, reclamar políticas públicas que respeten y fomenten su agricultura y forma de producción, que promuevan la soberanía alimentaria y todo aquello que mejore los medios para habitar el territorio, posibilitando la elección de permanencia en él y evitando que deban migrar por la falta de condiciones mínimas que aseguren una vida digna (el llamado “éxodo a las grandes ciudades”).
Esta declaración envía un fuerte mensaje para que se reconozca el rol fundamental de les campesines, abriendo perspectivas de futuro para que se respeten condiciones de vida y de trabajo decentes. El mundo necesita esta herramienta para promover la implementación de sistemas alimentarios sostenibles en el mundo.
En primer lugar, reconoce como campesines a quien se dedique o pretenda dedicarse de forma individual, asociada o comunitaria a la producción agrícola. Seguidamente, consagra los siguientes derechos:
-El derecho a la tierra que se define como el acceso, el uso y la gestión de la tierra, elementos necesarios para respetar el derecho a un nivel de vida decente, a la salud, a participar en la vida cultural, al acceso a la justicia, al agua potable y saludable, limpia y al saneamiento de la misma, así como el derecho a estar protegido contra desalojos forzados, contra la contaminación, entre otros. Estas nociones implican libertades y derechos que resultan fundamentales para el respeto de los derechos de las poblaciones rurales.
-El derecho a las semillas y a la biodiversidad, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas. Al desarrollar sus propias semillas, les agricultores construyen sistemas agrarios más resilientes y más sostenibles, capaces de alimentar la población a pesar del cambio climático.
-Se reconocen los derechos colectivos, expresado como el derecho a fundar organizaciones, ser reconocidos jurídicamente, opinar libremente y a buscar, recibir y difundir información vinculada a los procesos de producción, elaboración y comercialización de los productos. Esto se refiere a la manera en la cual se organizan las poblaciones rurales, particularmente lo relativo al acceso y gestión de sus recursos (ya que la mayoría de ellas son socialmente definidas y se organizan de manera colectiva).
Mujeres Campesinas
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), las mujeres representan el 50% de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en desarrollo. Pese a esto, las mujeres rurales enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios.
Por esto, la igualdad de género es una de las políticas centrales a la hora de trabajar en el ámbito rural, y sobre esto, la Declaración también aporta herramientas concretas. Específicamente, la Declaración cuenta con dos artículos que empoderan el rol de las Mujeres Campesinas.
Uno de ellos es el artículo N°4, que declara la responsabilidad de los Estados de implementar las medidas que crea pertinentes para “eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales y para promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que disfrutan plena y equitativamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y que pueden perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural”.
“La inclusión de dos artículos específico de reivindicación de los derechos humanos para las mujeres dentro de la declaración, se convierte en un avance muy significativo para miles de nosotras que militamos dentro de las organizaciones y en el medio rural, pues, es una forma de reconocer, pero, también regular escenarios excluyentes, discriminatorios que desde la cultura e ideología patriarcal desarrolla una identidad de apropiación de los cuerpos, del trabajo y de la vida de las mujeres y de los bienes naturales” expresan Iridiani Seiber y Yolanda Areas, quienes conforman el Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) de Brasil y la Asociación de Trabajadores de Campo (ATC) de Nicaragua, respectivamente.
La Declaración: voz de alerta y horizonte de acción
Respecto a la Declaración, Diego Montón, referente del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento Campesino Indígena de Argentina e integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina concluye que “es un compendio de propuestas, horizontes y políticas públicas agrarias que deberán irse materializando en cada una de las naciones. El preámbulo reconoce el papel fundamental de la soberanía alimentaria para el desarrollo de la humanidad y reconoce la importancia de la reforma agraria como una instancia a la cual los Estados deben apelar para garantizar la soberanía. Con datos muy concretos reconoce las injusticias y desigualdades a las que se ve sometida la agricultura campesina, así como derechos fundamentales (…) que a partir de ahora marcan una pauta hacia dónde deben ir las legislaciones de todos aquellos Estados que se consideren progresistas o respetuosos de los derechos humanos. Por eso plantea cuáles son las obligaciones para que se garanticen esos derechos (…) Si bien por ahora no es vinculante, nos brinda todo un marco para los conflictos que tenemos por tierras, por semillas y para pelear por los precios justos de nuestros alimentos. En el norte del país, en Salta y Jujuy, tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.
Cabe destacar que de todos los procesos de debate que implicó la Declaración, se logra el reconocimiento y reivindicación de la importancia y el rol fundamental que ocupa la agricultura campesina: alimenta al 85 por ciento de la población mundial, con tan sólo un cuarto de las tierras agrícolas. Es por ello que comienzan a considerar que fomentarla es la mejor estrategia en la lucha contra el hambre, que es uno de los principales objetivos de Naciones Unidas. “Este proceso reconoce y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad, tanto por la producción de alimentos como en la mitigación del cambio climático”.
Este es un buen resumen que pone en foco dos puntos importantes. En una primera instancia, la declaración ubica en el más alto nivel de debate internacional tanto el rol como la importancia de la agricultura campesina, reconociendo a su vez las situaciones de discriminación, marginación y vulneración de derechos a las cuales están sometides campesines de todo el mundo.
Sumado a este reconocimiento legítimo, se convierte en una herramienta muy importante de incidencia política, ya que sirve de base para reclamos y luchas de los distintos grupos a nivel local, en la búsqueda de reformas legales que les sean favorables. Es decir, permite plantear una serie de derechos y obligaciones de los estados en relación a esta actividad, dando lugar a que se problematicen las situaciones de injusticia como los desalojos de tierras, la privatización de las semillas; la falta de cobertura social, de acceso a la justicia, al mercado y a precios justos para tener ingresos adecuados y una vida digna, entre otros. “La declaración viene a poner una voz de alerta, pero también un horizonte sobre qué tienen que hacer los Estados ante estos escenarios”.
Es interesante destacar que la lucha del campesinado va más allá de la tierra y la producción agraria; es la lucha por sus territorios, por la preservación de sus culturas y modos de vida. Es movilizarse para construir sociedades más inclusivas y democráticas.
Si bien es reciente la resolución de la Declaración, podemos afirmar que para las organizaciones campesinas significa una victoria en el reconocimiento de sus derechos, luchas y su rol como actores clave del sistema alimentario mundial. En palabras de Diego Montón, “tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.
https://www.plurales.org/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-4.3.jpg5951058adminhttps://www.plurales.org/wp-content/uploads/2024/06/Plurales-logoFullcolor.pngadmin2021-04-13 15:52:342021-04-13 15:52:38Declaración de Derechos Campesinos: herramienta para fortalecer los derechos de las comunidades rurales
